Ciudad de México, 19 de noviembre del 2024.- El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá trabajar a contra el tiempo para organizar la elección del Poder Judicial, un ejercicio sin precedente que comenzó entre suspensiones judiciales e incertidumbre presupuestal, a seis meses de que la ciudadanía acuda a las urnas a votar 881 cargos judiciales.

Sin embargo, el INE ya dio una fecha límite el 20 de noviembre deberán definir la reanudación de la planeación de la elección judicial, que arrancó formalmente hace dos meses, pero ha estado paralizada por cientos de suspensiones de jueces que, de incumplirse, podrían implicar multas de miles de pesos y hasta denuncias penales contra las consejerías y trabajadores.

Esta semana, el órgano electoral deberá reanudar labores para definir la cartografía electoral, es decir, el mapa para delimitar dónde se votará por estos cargos, la fiscalización de recursos de las campañas, capacitadores electorales, integración de mesas de casilla y tiempos en radio y televisión, entre otros temas.

La primera tarea está descrita en la ley secundaria. En diciembre próximo, el órgano de administración judicial remitirá al instituto la división del territorio nacional por circuito judicial o circunscripción, indicando el estado o estados que abarcan, así como el número y materia de los cargos a elección, por lo que la reanudación de actividades es inminente.

Estas suspensiones han colocado al instituto en una situación inédita, puesto que nunca se había pausado un proceso electoral por órdenes judiciales.

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, las consejerías analizaron las rutas para definir el rumbo de la elección, ya que la sentencia emitida previamente por el Tribunal Electoral no les garantizaba luz verde para continuar.

Por ello, a través de la Dirección Jurídica solicitaron el sobreseimiento de las más de 500 suspensiones que han sido notificadas.

Otra de las vías será la consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como nuevamente al Tribunal Electoral, para que puedan continuar respaldados con una institución jurisdiccional. Aunque sin importar la respuesta, el órgano electoral tiene claro que la decisión debe tomarse a más tardar esta semana para no afectar la organización del proceso electoral.

Para esta elección, el INE proyectó un presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, lo cual es alrededor de 5 mil millones más de lo solicitado para la elección federal de 2024, esta cifra también es preliminar, pues la proyección la realizó el instituto cuando aún no contaban con toda la información sobre cómo se llevaría a cabo la elección, antes de pausar por las suspensiones, según señaló la presidenta Guadalupe Taddei.

De acuerdo con el proyecto, las áreas con mayores recursos serían la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, con 6 mil millones, así como la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con 4 mil millones de pesos.

Una de las actividades clave es la capacitación electoral para las personas que serán funcionarios de casilla el día de elección, para la cual se prevé un monto de 6 mil 822 millones de pesos para contratar a alrededor de 42 mil 362 capacitadores electorales (CAE) y 7 mil 251 supervisores (SE) para las tareas de la ciudadanía sorteada y designada, para 172 mil 696 casillas, mismas que se usaron en la elección de 2024.

No obstante, la consejera presidenta dejó abierta la posibilidad de que ante un recorte podrían instalar centros de votación que abarcarían más territorio con un menor número, como ocurrió con la revocación de mandato.

Para la producción, almacenamiento y distribución de documentos y materiales electorales, que serán distribuidos a las 300 Juntas Distritales del país, el INE perfila un monto de 2 mil 197 millones de pesos.

Otros proyectos son asistencia y logística electoral, por mil 399 millones de pesos, que tiene como objetivo apoyar durante las actividades previas y posteriores del proceso electoral, incluyendo la instalación de casillas, otorgar recursos para la alimentación de los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y apoyo para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas y la distribución de la documentación, entre otras tareas.

Hay que recordar que en la elección del 1 de junio del próximo año se renovarán por primera vez los cargos de 881 jueces, ministros y magistrados mediante elección popular, siendo apenas la mitad de las plazas existentes en el Poder Judicial.

En comparación, en la elección federal de 2024 se disputaron un total de 629 cargos: 500 diputaciones, 128 senadurías y la Presidencia de la República.