Ciudad de México a 24 de octubre de 2024.-El director jurídico de Cooperativa La Cruz Azul, Rafael Anzures Ortiz, rechazó la propuesta de negociación que propuso recientemente el secretario de Gobierno de Hidalgo con el grupo que mantiene secuestrada la planta de Tula de Allende; toda vez que existe una sentencia judicial emitida en 2023 que permitiría la recuperación de esas instalaciones.

Asimismo, presentó documentación legal con nueve órdenes de aprehensión por delitos como fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro, falsedad en declaraciones y administración fraudulenta que se han girado en los últimos cuatro años contra miembros del grupo que mantiene el control de la planta cementera.

“Socios y trabajadores de la planta de Hidalgo continúan recibiendo sus pagos de parte de la cooperativa, este paro ha afectado ya más de tres mil fuentes de empleo; además de que ha generado pérdidas que rebasan los 25 mil millones de pesos”, aseguró.

También reafirmó que las autoridades judiciales resolvieron ya en favor de Cooperativa La Cruz Azul, por lo que es tarea del Ejecutivo estatal hacer cumplir esos mandatos judiciales. “No se pueden extralimitar a hacer propuestas que resultan muy graves como la que hizo el secretario de Gobierno del estado, de negociar con un grupo de delincuentes que tiene secuestrada una de nuestras unidades más importantes y no cumplir la ley y las sentencias que ya les fueron notificadas”.

Sobre el conflicto detalló que en 2018 se logró que se convocara a una asamblea general de socios a la que asistió más del 90% de los cooperativistas y, con más del 80% de los presentes, por primera vez en casi treinta años se logró que se eligieran democráticamente a las cabezas de la institución, es decir los consejos de administración y vigilancia; lo que incomodó a la entonces dirigencia.

Finalmente se logró confirmar que la Asamblea fue convocada y celebrada de manera válida, “ante esto, un pequeño grupo de personas disidentes afines con la anterior administración deciden tomar ilegalmente y por la fuerza las instalaciones de la cooperativa en Hidalgo, y posteriormente deciden convocar a una Asamblea en 2020, misma que según ellos justificaba su permanencia dentro de las instalaciones en el municipio de Tula. Esa Asamblea fue impugnada por la actual administración, ya que fue convocada de maneras que no están establecidas en la ley ni en las bases constitutivas”.

Según el recurso de reclamación que se tramitó en el expediente 15/2023 del Tribunal Colegiado de Circuito, el 16 de marzo de 2023 se determinó cosa juzgada la nulidad de la Asamblea de 2020, así como todos los acuerdos tomados en la misma y todos los actos derivados.

En 2021 se llevó a cabo una nueva Asamblea según lo establecen las bases, en donde la administración queda a cargo de quienes están actualmente: el cargo de Presidente del Consejo de Administración lo obtuvo mediante votación el ingeniero Víctor Velázquez y el de Presidente del Consejo de Vigilancia lo obtuvo el ingeniero José Antonio Marín. La mencionada Asamblea ya fue validada por los jueces, según informó Rafael Anzures.

“La recuperación de la planta por la vía legal dejará beneficios no solo para Cruz Azul, sino también para Hidalgo, para el municipio de Tula y para México, pues se estará haciendo valer el Estado de Derecho”.